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Un informe de la organización Base Investigaciones Sociales (Base IS) cuestiona el recrudecimiento de la violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas, mientras que, por otro lado, se deja impune a estancieros millonarios que invaden tierras que no les pertenecen.

Se usa de ejemplo, el caso de la comunidad Loma, del Pueblo Guaraní Ñandéva, que recibió en febrero de este año su título de propiedad, pero con tres estancieros invasores dentro, ya que para ellos no existe la Ley Zavala-Riera.

Los indígenas obtuvieron su titulación luego de 41 años de haber sido adjudicados por el Estado paraguayo, pero de las 9.756 hectáreas en Infante Rivarola, distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón, 3.307 hectáreas fueron invadidas y deforestadas por el estancieros Miguel Ángel Muñoz, Kurt Friesen Schroeder y Óscar Hein Ratzlaff, refiere el informe.

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) le ganó la batalla legal a los ganaderos con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero en lugar de aplicar la Ley Zavala Riera para desalojarlos del lugar, entregó el título de propiedad, de manos del propio presidente de la República, Santiago Peña, pero con los tres invasores dentro.

Informe. El documento de Base IS señala que, el inicio de este año 2025, se ha caracterizado por un recrudecimiento alarmante de la violencia estatal contra las comunidades campesinas e indígenas.

“Evidenciando tendencias estructurales que configuran el modelo de (mal) desarrollo paraguayo. Entre estas, destaca el acaparamiento de los sectores agroexportadores sobre los territorios de las comunidades que resisten al extractivismo”, dice el texto introductorio.

Según el análisis, los aparatos represivos del Estado paraguayo han evidenciado que trabajan en favor de sectores económicos violentando sistemáticamente derechos humanos de las poblaciones campesinas e indígenas.

El trabajo está dividido en tres partes, en la primera hay un breve análisis del escenario político-social en el que se inscriben los hechos violentos contra las comunidades campesinas e indígenas, y se presenta un cuadro que resume las situaciones de criminalización de diciembre 2024 a febrero 2025.

En la segunda parte del informe, se describen cuatro situaciones de desalojos violentos que se dieron en contra comunidades campesinas ubicadas en los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Concepción.

Por último, el informe especial de Base IS detalla otras situaciones de atropello y amenazas sobre las comunidades y hace una reflexión final en cuanto a la escalada de violencia de la que son víctimas las comunidades rurales en Paraguay.

El documento puede descargarse en el sitio web de Base IS en Internet, junto a otras investigaciones relacionadas.

Fuente: Diario UH