Dos víctimas del esquema de estafa relataron sus casos. Ambos exigieron la intervención de juzgados y solicitaron al Ministerio Público investigar sus casos. Dicen sentirse sin derechos.
Un nuevo caso de víctima del esquema de estafa conocida como la mafia de los pagarés. Gustavo Andrés Núñez presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la abogada Zully Ortiz García, el ex juez de Paz de Mariano Roque Alonso Carlos Bogado y contra ex actuarios, ujieres y oficiales de Justicia. Doce años después de haber pagado toda una deuda, le “ampliaron el embargo”, contó.
En el mes de abril pasado, Núñez retiró las copias del expediente donde la empresa San José Muebles SRL, a través de la abogada Ortiz, le demandó pretendiendo cobrar G. 4.122.000, más los intereses y accesorios, que ya fueron abonados en su totalidad en el 2013.
Si bien esa deuda ya se saldó con los descuentos compulsivos, la ampliación del embargo ahora es por más de G. 11 millones, “con base en un pagaré que ni siquiera cumple con los presupuestos genéricos y requisitos legales que hacen al título ejecutivo”, ya que no tiene fecha ni lugar de emisión, tampoco el vencimiento.
Según la denuncia, se omitió que la deuda ya se pagó y utilizaron el escrito inicial y un pagaré ya prescripto para promover la demanda.
La víctima dijo que nunca existió la notificación, que consignaron y falsificaron hasta su dirección. Es por ello que la denuncia es por uso y producción de documentos de contenido no auténtico y prevaricato. Se presume que los denunciados “utilizan estos mecanismos y recursos bajo el ropaje y la estructura de licitud, por pertenecer a las filas del Poder Judicial, ya sea como funcionarios, auxiliares de Justicia o inclusive magistrados”, expresó Núñez en su denuncia.
Los denunciados realizan estas conductas y utilizan estos mecanismos para inducir al error y beneficiarse económicamente de estos hechos alevosos, señaló el denunciante, quien pide al Ministerio Público la investigación del caso.
por HONORARIOS. Rubén Sosa, joyero profesional y conductor de bus, alegó ser otra víctima más de la mafia de los pagarés. Denunció que pese a pagar más de cuatro veces el monto de una deuda, ahora le quieren seguir cobrando supuestos honorarios del abogado demandante. Pidió que se intervenga el Juzgado de Luque. En el año 2010, la empresa Comaco SRL, a través del abogado Milciades Toledo, ex presidente de la Asociación de Abogados de Luque, inició un juicio ejecutivo por seis pagarés que totalizaban la suma de G. 3.690.000 que, sin ser notificado, iniciaron los descuentos compulsivos.
Sosa admite que existió la deuda, pero que era de un menor monto, y también dice desconocer los pagarés que salieron a luz. Finalmente, en el 2019, le dijeron que la suma de la deuda ya ascendió a 14.156.985, “por capital, intereses, honorarios profesionales y costos del juicio”.
“Me llegó una notificación y dije que ya cancelé todo. Me respondieron: ‘No, vos debés todavía’. Me dijeron que lo que ahora falta es una regulación (de honorarios)”, lamentó el joyero.
Al respecto, su abogada cuestionó que hasta la fecha le ocultan la información sobre cuánto debería pagar la regulación de honorarios.
Dijo que la Justicia nunca les escucha a las víctimas. “Nunca tengo derecho, nunca soy escuchado. Así no sé adónde recurrir”, precisó. También mencionó que en Paraguay existen solo dos tipos de justicia: “La justicia divina o justicia por mano propia”.
Por último, señaló “les tengo que mantener a mi mamá, a mi hija y ahora a (Milciades) Toledo”.
92% de las 2.000 víctimas registradas por el Senado nunca recibieron notificación alguna de los juicios en su contra.
77% de las víctimas siguen con embargos mensuales, según datos de la Comisión de Investigación del Congreso.
Fuente: Diario UH